HISTORIA DEL PARLAMENTO
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Juan Antonio Lavalleja
Juan Antonio Lavalleja

 

 

 

 

 

 

 

 

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Jura de la Constitución

El 26 de julio de 1828 el General Juan Antonio Lavalleja, jefe de los Treinta y Tres orientales que el 19 de abril de 1825 habían iniciado la cruzada libertadora que culminaría exitosamente con la independencia del país y la eliminación de su sometimiento al Imperio del Brasil, convocó al pueblo a la elección de una asamblea que debía ejercer la función legislativa.
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Abanico conmemorativo de la Jura de la Constitucion de 1830

Mientras sus futuros integrantes se elegían en todos los pueblos y villas de la Banda Oriental --futura República Oriental del Uruguay-- y se llenaban las formalidades previas a su instalación, ocurrió un hecho político fundamental: el 4 de octubre de 1828 los gobiernos argentino y brasilero suscribieron la Convención Preliminar de Paz que puso fin a la guerra entre ambos Estados y, simultáneamente, reconoció la independencia de nuestro país.

Este debía entonces constituirse formalmente como tal y principiar por darse una Constitución. En consecuencia, hubo de darse carácter constituyente a la legislatura electa, que pasó a llamarse Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado. La misma, convocada por el gobernador delegado Luis Eduardo Pérez, se instaló y sesionó por vez primera "en la Villa de San José" --según reza el acta-- el 22 de noviembre de 1828.


Ese fue el día en que se constituyó e inició sus sesiones el Parlamento uruguayo, entonces unicameral. Y quienes primero asumieron la calidad de legisladores, a la par que la de constituyentes, fueron los señores Diputados y Constituyentes:

Don Pedro Berro, Don Silvestre Blanco, Don Cristóbal Echevarriarza, Don José Ellauri, Don Jaime Zudáñez, Don Ramón Massini, Don Luis Lamas y Don Eufemio Masculino, por "Montevideo y sus Extramuros", Don Gabriel A. Pereira, Don Alejandro Chucarro, Don Lorenzo Fernández y Don Atanasio Lapido, "por el Departamento de Canelones", Don Manuel Calleros, Don Feliciano Rodríguez y Don José Vázquez Ledesma, "por el Departamento de San José, Don Joaquín Suárez, Don Juan Pablo Laguna, Don Lázaro Gadea, Don Santiago Sayago y Don Luis B. Cavia, "por el de Soriano", Don Antonino Domingo Costa y Don Manuel Haedo, "por el de Sandú", Don José A. Ramírez, "por el del Durazno", Don Juan Francisco Gira, Don José Antonio Zuvillaga, Don José Trápani y Don José L. Osorio, "por el de Maldonado", y Don Cipriano Payán, "por el de Cerro Largo".


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Dicha sesión tuvo carácter preparatorio y fue presidida por el futuro Presidente de la República Gabriel Antonio Pereira. Pero, en la sesión del día siguiente, 23 de noviembre, se eligió Presidente permanente de la Asamblea a Don Silvestre Blanco. Fue éste, pues, el primer Presidente del Parlamento uruguayo.

Veintiocho Representantes asistieron a la primera sesión. Pero el Cuerpo debía tener cuarenta integrantes, de acuerdo a lo dispuesto en el antedicho decreto de 26 de julio de 1828. Entre el 26 de noviembre y el lº de enero de 1829 se incorporaron a la Asamblea sus doce miembros restantes: Don Francisco J. Muñoz por Canelones, Don Manuel V. Pagola por Durazno, Don Joaquín Antonio Núñez por Maldonado, Don José Basilio Pereira de la Luz por Cerro Largo, Don Miguel Barreiro, Don Juan Benito Blanco y Don Pablo Zufriateguy por "la Colonia", Don Solano García, Don Nicolás Guerra y Don Manuel Calleros por Paysandú o "Sandú", y Don Julián Alvarez y Don Manuel G. Barreiro por San José.

Posteriormente, por renuncia de algunos constituyentes o por haber pasado otros a desempeñar funciones de Ministros en el Poder Ejecutivo provisorio, ingresaron también a la Asamblea Don Francisco Antonio Vidal y Don Roque Graseras por Canelones, Don Pedro Pablo de la Sierra y Don Santiago Vázquez por Maldonado, Don Francisco Llambí y Don Agustín Urtubey por "la Colonia", Don Francisco Solano Antuña y Don Lorenzo Justiniano Pérez por Montevideo, Don Francisco García Cortina por Soriano, y Don Juan María Pérez y Don Tomás Diago por San José.

cab_1.jpg (10246 bytes) La Asamblea sesionó sucesivamente en cuatro lugares. Del 22 de noviembre al 3 de diciembre de 1828, en San José; del 17 de diciembre de 1828 al 8 de febrero de 1829, en Canelones; del 16 de febrero al 22 de abril de 1829, en la iglesia de la Aguada de Montevideo; y del 28 de dicho último mes hasta su disolución el 22 de octubre de 1830, en la "casa consistorial de la Ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo", según rezan las actas. o sea, en el Cabildo, en el cual siguió cumpliendo sus funciones el Poder Legislativo hasta agosto de 1925.



No fue posible sesionar en la propia ciudad de Montevideo hasta fines de abril de 1829 porque ésta aún permanecía ocupada por las tropas brasileñas, que recién entonces abandonaron la plaza. Las fuerzas orientales y el gobierno ingresaron a Montevideo y ocuparon el Fuerte --sede del gobierno sita en la Plaza Zabala-- el lº de mayo de 1829. El hecho se rememora en el nombre de una pequeña calle de la Ciudad Vieja, que comunica la calle 25 de Mayo con dicha Plaza, por la que retornaron a la casa de gobierno los patriotas que no la ocupaban desde enero de 1817.

jura_b1.jpg (19649 bytes) Esta Asamblea, a pesar de su carácter constituyente, que cumplió a cabalidad y conciencia, al punto de que sancionó la Constitución el lo de setiembre de 1829, (pero ésta no entró en vigor hasta que no fue solemne y públicamente jurada por las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así como por todos los ciudadanos, el 18 de julio de 1830), no descuidó su labor legislativa y aprobó una serie de leyes que fueron definiendo la organización del Estado y que, en esencia, complementaron el flamante texto constitucional.

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Tambor utilizado en la guerra

Así, la Ley sobre Libertad de Imprenta, de 4 de junio de 1829, la ley a que dio en llamarse Reglamento Provisorio de Administración de Justicia, de 12 de agosto de 1829, la Ley Orgánica Policial, de 18 de diciembre de 1829, la ley para la organización del ejército permanente del Estado, de 9 de marzo de 1830, la Ley de Elecciones, de l' de abril de 1830, la Ley Orgánica sobre la milicia nacional, de 29 de abril de 1830, y la ley que separó la iglesia uruguaya de la diócesis de Buenos Aires, de 17 de julio de 1830.

La Carta fundacional de dicho año estructura un Poder Legislativo compuesto por cuatro órganos: la Asamblea General o reunión conjunta de ambas Cámaras, que sólo actuaba en caso de disidencias entre éstas respecto de la sanción de las leyes y en otros pocos casos establecidos expresamente por la Constitución; la Cámara de Senadores, compuesta por un Senador por cada Departamento, elegido indirectamente por el pueblo; la Cámara de Representantes, elegida directamente en circunscripciones departamentales y a razón de un legislador "por cada tres mil almas o fracción que no baje de dos mil", cuyos miembros serían veintinueve en las dos primeras Legislaturas y cuyo número, en adelante, debería arreglarse a un censo general a realizarse entonces y a renovarse cada ocho años; y la Comisión Permanente, compuesta de dos Senadores y cinco Representantes, que actuaría mientras la Asamblea General y las Cámaras estuviesen en receso, cuyos cometidos serían velar por la observancia de la Constitución y las leyes, y prestar o rehusar su consentimiento al Poder Ejecutivo en los casos en que éste lo necesitare o requiriere.

Ambas Cámaras tenían, en general, idéntica competencia en materia legislativa, pero el senado contaba con algunas atribuciones propias en materia de autorizaciones para el ejercicio de algunas competencias por parte del Poder Ejecutivo. 

Esta estructuración del Parlamento, con alteraciones importantes en la forma de elección y en la composición de cada uno de los cuatro órganos que lo integran, ha permanecido invariable hasta la Constitución actual, que rige desde 1967 y que fue objeto de algunas enmiendas en el plebiscito del 8 de diciembre de 1996.

Los Senadores tenían un mandato de seis años, renovándose la integración del Senado por tercias partes cada bienio. Los Representantes o Diputados --como es habitual llamarles-- duraban tres años en sus funciones.

El número de legisladores fue aumentando progresivamente, en razón de la creación de nuevos Departamentos, que en principio eran, sólo nueve y que llegaron a ser los actuales diecinueve ya en la década de 1880. Pero, además, la no realización del censo previsto en la Constitución --recién en 1908 se hizo uno--, determinó en 1890 el dictado de una ley que aumentó el número de los Representantes, dado que la población de la República había crecido considerablemente desde 1830.

El Poder Legislativo realizó una tarea extraordinaria en el correr del Siglo XIX. Debe tenerse en cuenta que, a pesar de las dificultades y turbulencias propias de aquella época, en medio de conflictos internacionales, guerras civiles e interrupciones de la normalidad institucional, se creó toda una rica e imprescindible legislación en un país que carecía de ella cuando surgió a la vida independiente.

El ordenamiento jurídico estaba privado de cimientos en la nueva Nación, en cuyo territorio, ocupado sucesivamente por la metrópoli colonial y por invasores extranjeros, se aplicaban tradicionalmente leyes de otros Estados. Que ello se haya realizado por una Cámara Baja de reducida integración y por un Senado que, inicialmente, sólo contaba con nueve miembros, constituye un hecho digno de destacarse.
Las referidas dificultades impidieron que el Parlamento funcionara sin interrupciones a lo largo del Siglo XIX. Esos períodos de anormalidad, más breves unos que otros, fueron los siguientes: 11 de noviembre de 1838 al 27 de febrero de 1829, 14 de febrero de 1846 al 14 de febrero de 1852 --período de la llamada Guerra Grande, en que Montevideo estaba sitiada por las fuerzas del Brigadier General Manuel Oribe y en que era imposible realizar elecciones para renovar la Legislatura electa en noviembre de 1842--, 23 de setiembre de 1853 al 11 de marzo de 1854, 20 de febrero de 1865 al 14 de febrero de 1868, 10 de marzo de 1876 al 14 de febrero de 1879 y, por último, lo de febrero de 1898 al 14 de febrero de 1899.

Manuel Oribe A lo largo de los setenta y dos años corridos desde 1828 hasta el advenimiento del Siglo XX --durante catorce de los cuales, aproximadamente, no pudo funcionar-- unicameral en el primer bienio y bicameral desde la instalación de la primera Legislatura constitucional el 24 de octubre de 1830, --electa en los comicios de lo y 8 de agosto de 1830-- el Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay realizó una obra de notable trascendencia para el ordenamiento jurídico y el progreso del país, marcando con su presencia la continuidad de su vida constitucional y configurando la más genuina expresión y representación de un pueblo anhelante de libertad.

Esa obra continuó, con renovados impulses, hasta que la Asamblea Nacional Constituyente electa el 30 de julio de 1916 --en comicios en que por vez primera se ejerció el voto secreto en el país-- elaboró una nueva Constitución que es conocida como la de 1918 y que entró en vigor el l' de marzo de 1919, tras haber sido plebiscitada afirmativamente el 25 de noviembre de 1917.

En los primeros lustros del siglo que ahora está finalizando se sancionaron una serie de leyes que hicieron del Uruguay un país de avanzada en materia social, política y de organización del Estado. Así, la Ley Orgánica de las Juntas Económico Administrativas (gobiernos locales), de lo de julio de 1903, la de abolición de la pena de muerte, de 23 de setiembre de 1907, la de divorcio, de 26 de octubre de 1907, la de creación de las Intendencias Municipales, de 18 de diciembre de 1908, la que consagró el doble voto simultáneo y una mayor representación de las minorías en materia electoral, de 11 de julio de 1910, la que creó nuevos Ministerios y reordenó sus competencias, de 4 de marzo de 1911, la de creación del Banco de Seguros del Estado, de 27 de diciembre de 1911, la de nacionalización del Banco Hipotecario, de 8 de junio de 1912, y la de divorcio por sola voluntad de la mujer, de 9 de setiembre de 1913, entre otras leyes que sería muy largo enumerar.

Si a toda esta legislación sumamos los Códigos que habían ido entrando en vigencia entre 1865 y 1889, esto es el de Comercio, el Civil, el Rural, el de Procedimiento Civil, el de Instrucción Criminal y el Penal, proyectados los principales por notables jurisconsultos, tales como los Doctores Eduardo Acevedo, Tristán Narvaja y Joaquín Requena entre otros, no cabe dudar de que tras ochenta y siete años de vigencia de la Carta de 1830 el Uruguay contaba con una legislación que lo situaba en un lugar de privilegio en el concierto de las naciones.

Debe señalarse, además, que el proceso de formación de las leyes previsto por la Constitución de 1830 no fue alterado, en lo fundamental, en las sucesivas reformas.

Se requiere, de acuerdo al procedimiento establecido, que la discusión y la aprobación de las leyes --cuya iniciativa pertenece a cualquier legislador o al Poder Ejecutivo-- se realice por ambas Cámaras. En caso de discrepancias entre éstas, la decisión corresponde a la Asamblea General. Sancionado un proyecto de ley por el Parlamento se le comunica al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación. Pero se reserva a dicho Poder la potestad de observar el proyecto, o sea de vetarlo. No obstante, si las Cámaras reunidas en Asamblea General aprueban --por mayoría especial-- el texto vetado, el proyecto debe ser finalmente promulgado.

La Constitución de 1918, a cuya entrada en vigor ya aludimos, no modificó la estructura ni la organización del Poder Legislativo. El Senado siguió teniendo un miembro por Departamento y su elección siguió siendo indirecta (por Colegios Electorales electos directamente por el pueblo). Pero las leyes constitucionales de 22 de octubre de 1930 y de 27 de octubre de 1932 establecieron que "Su elección se hará directamente por el pueblo, a mayoría simple de votantes, mediante el sistema del doble voto simultáneo y con las garantías que, para el sufragio, establece la Sección II".

La nueva carta no fijó el número de integrantes de la Cámara Baja, cuya determinación siguió siendo resorte de la ley. Pero se eliminó la referencia constitucional a la elección de un Representante "por cada tres mil almas o por una fracción que no baje de dos mil". En ejercicio de esta facultad, la Ley complementaria de la de Elecciones, de 22 de octubre de 1925, estableció en su artículo 1" que "La Cámara de Representantes se compondrá de ciento veintitrés miembros".

En cuanto al control del Parlamento sobre el Poder Ejecutivo, la Lex Magna de 1918 le otorgó --a aquél-- importantes facultades, inexistentes o de muy difícil ejercicio en la Constitución anterior. Así, se estableció que todo legislador tendría derecho a pedir a los ministros de Estado los datos e informes que estimare necesario para llenar su cometido y se facultó a las Cámaras a nombrar comisiones parlamentarias de investigación.

Por otra parte, el llamado a Sala a los Ministros, que en la Carta de 1830 se disponía por mayoría de votos, se facilitó en medida importante al autorizarlo por resolución de un tercio de los votos. Vale decir, que se transformó una facultad de imposible ejercicio sin el consentimiento de la mayoría --adicta al gobierno-- en una potestad de la minoría, que es la que debe controlar al Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que el artículo 9' de la Constitución de 1918 estableció que el sufragio --huérfano de garantías hasta entonces-- se ejercería sobre las bases de la inscripción obligatoria en el Registro Cívico, el voto secreto, la representación proporcional integral y la prohibición, a los funcionarios policiales y militares, de toda actividad política, salvo el voto.

Dama de Montevideo Esta importantísima disposición se complementó eficazmente con dos notables leyes. La de Registro Cívico Nacional, de 9 de enero de 1924, que además creó la Corte Electoral --organismo por completo independiente que lleva dicho Registro y organiza y falla las elecciones-- y la de Elecciones, de 16 de enero de 1925.

Estas dos leyes, más la complementaria de Elecciones, ya citada, crearon prácticamente un sistema invulnerable de garantías para el ejercicio del sufragio. Este sistema eliminó para siempre toda posibilidad de fraude electoral en el Uruguay y, en líneas generales, permanece vigente hoy día.

Debe recordarse, por último, la ley de 16 de diciembre de 1932, que otorgó el derecho al sufragio a la mujer, hasta entonces carente del mismo.

Calleja
Proyecto de F. G. Calleja

 

V. Dubugras

Proyecto de V. Dubugras
y E. Krug

 

J. Giuria

Proyecto de J. Giuria
y A. Maini

 

A. Koch

Proyecto de A. Koch


 

 

 

 

 

 

 

 


Meano
Proyecto de Meano

No es posible olvidar que fue durante la vigencia de la Carta de 1918 que se inauguró el Palacio Legislativo, que es sede del Parlamento uruguayo desde el 25 de agosto de 1925, fecha en que se celebró el centenario de la declaratoria de la independencia nacional. En la sesión solemne que se realizó con tan extraordinario motivo, usó de la palabra en nombre del Poder Legislativo el Presidente de la Asamblea General, Dr. Duvimioso Terra.  

José Batlle y Ordóñez Este notable edificio, unánimemente considerado el más importante del país, es una verdadera joya arquitectónica de estilo neoclásico, cuya piedra fundamental había sido colocada el 18 de julio de 1906 por el entonces Presidente de la República, Don José Batlle y Ordóñez.

El proyecto original fue realizado por el arquitecto italiano Víctor Meano. Pero fallecido éste y modificado parcialmente su proyecto por el arquitecto uruguayo Jacobo Vásquez Varela y el italiano Antonio Banchini, la ejecución de la majestuosa obra cobró verdadero impulso cuando se encargó de ella a otro gran arquitecto italiano, Gaetano Moretti, a partir de 1913. A él se deben la belleza y magnificencia del edificio, particularmente visible en su espléndido Salón de los Pasos Perdidos.

En el año 1933 se sufrió un hiato en el funcionamiento del Parlamento, en razón del golpe de Estado del 31 de marzo de dicho año. Esa situación se prolongó hasta el 17 de mayo de 1934, pues al día siguiente entró en funciones una nueva Legislatura, electa con arreglo a la flamante Constitución de 1934.

Algo similar ocurrió en el año 1942, en virtud del golpe de Estado del 21 de f obrero de aquel año. En tal oportunidad el cese de la actividad parlamentaria se prolongó hasta el 14 de febrero de 1942. Al día siguiente se instaló la nueva Legislatura y entró en vigor otra nueva Carta, conocida como la de 1942.

La Lex Magna de 1934 modificó de modo importante la integración de ambas Cámaras. El senado pasó a tener treinta y un miembros: treinta Senadores y el Vicepresidente de la República --cargo que antes no existía-- que debía presidirlo con voz y voto. Pero no se integraba por representación proporcional, sino que quince escaños correspondían a la lista más votada del partido más votado, al que también pertenecía quien presidía el Cuerpo, y los otros quince a la lista más votada del partido que le siguiera en número de votos.

La Cámara de Representantes pasó a tener noventa y nueve Diputados, electos por representación proporcional integral. Dicho número y forma de elección, así como el número de Senadores, no fue modificado en las sucesivas reformas constitucionales de 1942, 1952, 1967 y 1997.

Una innovación importantísima de la Constitución de 1934, pero nunca aplicada en la práctica salvo en una oportunidad --en el año 1969--, fue la introducción del mecanismo de la censura parlamentaria a los ministros, facultad cometida a la Asamblea General con el contrapeso de que el Presidente de la República (Jefe del Estado) puede, con determinadas condicionantes propias de un sistema de parlamentarismo racionalizado, disolver las Cámaras y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias, de modo de que el pueblo, por intermedio del pronunciamiento de la nueva Asamblea General, laudo el conflicto entre los dos Poderes políticos del Gobierno, determinando la caída o la confirmación del gabinete anteriormente censurado.

Las otras facultades de control del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo no fueron modificadas. Y no lo han sido hasta el presente.

La Constitución de 1942 no alteró el sistema de la Carta precedente en todo lo atinente al Poder Legislativo, salvo en la forma de asignar y distribuir los treinta cargos de Senadores, que dejaron de ser patrimonio del partido mayoritario y del partido de la minoría mayor. Se optó por el sistema de la representación proporcional integral, que ya se aplicaba respecto de la otra Cámara. Este sistema siguió rigiendo hasta la actualidad.

En el año 1951 surgió la iniciativa de reformar nuevamente la Constitución para sustituir la Presidencia de la República por un Ejecutivo colegiado compuesto de nueve miembros, llamado Consejo Nacional de Gobierno.

El proyecto de reforma, que contenía otras innovaciones, fue plebiscitado afirmativamente el 16 de diciembre de 1951. Entró en vigor parcialmente el 15 de febrero de 1952 y, en su integridad, el lo de marzo de dicho año.

La Constitución de 1952 no modificó las disposiciones referentes a la organización y funcionamiento del Poder Legislativo. Cabe señalar, sin embargo, que asignó a la Asamblea General la importante facultad de designar a los miembros de la Corte Electoral y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo --órgano de control jurisdiccional de la legalidad de los actos de la Administración que se instituyó directamente por la nueva Carta-- así como a los de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de Cuentas --órgano de control, este último, de la legalidad de la gestión financiera de los órganos estatales-- competencia que ya tenía desde la Carta de 1934.

 

 

 

 

 

 

 

 


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La experiencia del gobierno colegiado no se consideró satisfactoria y en el año 1966 se proyectó una nueva reforma constitucional para restablecer la Presidencia de la República, dentro de un esquema muy similar al de la Constitución de 1942. El texto proyectado, que entró en vigor el 15 de febrero de 1967, también había sido plebiscitado afirmativamente el 27 de noviembre de 1966.

La Lex Magna de 1967, que está en vigencia actualmente con las enmiendas que le fueron introducidas en el plebiscito del 8 de diciembre de 1996 --las que entraron en vigor el 14 de enero de 1997-- tampoco alteró la estructura ni la competencia del Parlamento de nuestro país.

No obstante, por razones inherentes a la necesidad de centralizar y fortalecer la conducción de la política económico-financiera por parte del Poder Ejecutivo, ensanchó el ámbito de atribuciones exclusivas , de este último en materia de iniciativa legislativa. Este ya la tenía, con ese carácter no compartido con los legisladores, para proyectar y proponer las leyes presupuestales. Desde 1967, otras leyes relativas a materias vinculadas con el funcionamiento de la economía sólo pueden ser iniciadas por el Poder Ejecutivo.

im003w.jpg (25302 bytes) Se dio a éste, además, con ciertas restricciones temáticas y temporales, el poder de enviar al Parlamento proyectos de ley con declaratoria de urgente consideración, que deben ser tramitados y votados por ambas Cámaras dentro de plazos predeterminados y relativamente breves, so pena de que se les dé por aprobados al vencimiento de dichos plazos. Pero las Cámaras retienen su facultad de rechazar expresamente esos proyectos, al igual que cualesquiera otros, así como pueden, por mayoría especial, dejar sin efecto la declaratoria de urgencia y seguir considerando los mismos de acuerdo a las reglas comunes del procedimiento parlamentario.

Desde que se consagró esta innovación el Poder Ejecutivo hizo un uso moderado del poder que se le atribuyó. Pocos proyectos de ley fueron remitidos al Parlamento con ese carácter y menos aun merecieron la sanción legislativa por esa vía procedimental.

No es posible omitir que el 27 de junio de 1973 se registró un golpe de Estado en el Uruguay y que su Parlamento estuvo clausurado entre dicha fecha y el 14 de febrero de 1985. Tratase del paréntesis más prolongado en la historia de su existencia y funcionamiento.

Obviamente, al término de casi doce años de gobierno de facto, con la consiguiente desarticulación del orden jurídico de base constitucional y la lesión de los derechos fundamentales de decenas de miles de ciudadanos, hubo que acometer una inaplazable y difícil tarea de reordenamiento del sistema jurídico, de restablecimiento de los derechos conculcados y de reparación de los perjuicios sufridos por las víctimas de esa situación anormal.

Esa tarea fue cumplida con honor y eficiencia por la 42ª Legislatura, instalada el 15 de febrero de 1985. Cupo a ella, en tal sentido, la sanción de un conjunto de justas y sabias leyes que recompusieron el orden jurídico de la República y repararon, en la medida de lo posible, los referidos perjuicios.

En tal sentido --y sin realizar una enumeración exhaustiva-- cabe recordar la Ley de Convalidación (de los decretos-leyes dictados durante la dictadura), la Ley de Amnistía (de los presos políticos), la Ley de emergencia para la Enseñanza,, la Ley orgánica de la Judicatura y la Ley de Destituidos (por el gobierno de facto). Todas ellas se sancionaron durante el año 1985, no obstante la intensísima actividad legislativa de aquel año, que incluyó la discusión de la Ley de Presupuesto Nacional y la aprobación de la compleja Ley de Refinanciación del endeudamiento interno (ocasionado por una grave crisis económica a fines de 1982).

Pero la 42ª Legislatura no agotó su fecunda labor en el año inicial de su gestión. Más adelante aprobó leyes muy importantes para la economía del país, como la Ley de Zonas Francas, Nº 15.921, de 17 de diciembre de 1987, y la Ley Forestal, N' 15.939, de 28 de diciembre de 1987. Y aún se dio tiempo para sancionar un nuevo Código de Procedimiento, el llamado Código General del Proceso, Ley N' 15.982, de 18 de octubre de 1988, que actualizó con provecho el vetusto Código de Procedimiento Civil, del año 1878, así como para sustituir más de quinientos artículos del viejo Código de Comercio por una moderna Ley de Sociedades Comerciales, la N' 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

La trascendente labor de actualización de la legislación codificada del país prosiguió en la 43ª Legislatura, que aprobó la Ley 16.603, de 19 de octubre de 1994, de actualización del Código Civil, por la que se reordenó su extenso articulado, se incluyeron en éste todas las normas modificativas de sus disposiciones originarias y se le depuró de todos los preceptos derogados expresa o tácitamente. Entre éstos últimos tenían especial significación los correspondientes a la gran Ley de Derechos Civiles de la mujer, de 18 de setiembre de 1946, que había modificado el Código en varios aspectos esenciales, pero creando dudas inconvenientes en cuanto a la vigencia o no de una multiplicidad de sus artículos.

Por último, la Legislatura actual --44ª-- ha sancionado un nuevo Código del Proceso Penal, Ley Nº 16.893, de 16 de diciembre de 1997, que se supone hará más justas y ágiles las normas que tradicionalmente rigieron las causas penales en nuestro país.

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Mucho más podría decirse sobre la ejecutoria del Parlamento de la República Oriental del Uruguay. Basta con consignar lo que queda expresado, como testimonio de su significación en la vida de nuestro país y de su notable aporte a la construcción del Estado de Derecho y a la sociedad democrática que es signo distintivo de esta Nación.

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